El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, encabezó este jueves el acto que dio el vamos a la ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y perfecciona la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El nuevo organismo es una prioridad de la administración del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su entrada en vigencia avanza en el cumplimiento de la obligación del Estado de Chile de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN) como un eje central de la gestión.
A la actividad asistieron el presidente (s) de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el defensor nacional, Carlos Mora; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter; la subsecretaria de Justicia (s), María Ester Torres; la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro; el director (s) del Servicio Nacional de Menores, Rachid Alay; y la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, quienes recorrieron el Centro de Justicia Juvenil Santiago, dialogaron con jóvenes y luego participaron en la ceremonia que consagra el inicio del trabajo de preparación del nuevo servicio.
El ministro Cordero subrayó que “el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tiene no solo una simple pretensión de cambio institucional, sino que, ante todo, es un cambio de modelo de gestión pública en materia de reinserción. Supone la existencia de una política intersectorial, así como la alta especialización de quienes participan del sistema de justicia, es decir, los jueces, fiscales y defensores”.
La autoridad explicó que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil mejora y moderniza el rol que cumple el Estado, fortaleciendo acciones concretas de reinserción de las y los jóvenes que han infringido la ley, a través de una mirada especializada, sistémica e intersectorial. El cambio se materializa en la creación de una nueva institucionalidad y una especialización del sistema de justicia para la aplicación de sanciones penales a las personas mayores de 14 y menores de 18, trabajando coordinadamente por la reinserción social y la seguridad pública.
El organismo tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los adolescentes y jóvenes, a su integración social y a la implementación de políticas conjuntas con este fin desde los distintos sectores del Estado.
Etapas de implementación
Iniciando con un año de preparación, el nuevo servicio se implementará gradualmente por zonas a lo largo del territorio nacional, iniciando el 13 de enero de 2024 en la zona norte con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Continuará en 2025 en la zona sur, abarcando las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Concluirá su implementación en 2026 en la zona centro, en las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana. Esta implementación gradual obedece a la necesidad de realizar un trabajo sostenible en el tiempo, donde los aprendizajes de cada fase se incorporen en la ejecución de las siguientes etapas.
