Hoy se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y transforma el sistema de atención a los jóvenes que infringieron la ley, lo que consagra el cierre paulatino del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Su entrada en vigencia avanza en el cumplimiento de la obligación del Estado de Chile de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN) como un eje central de la gestión. Esta ley se suma al Servicio de Protección Especializada y la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, ambos ya en implementación.
Sobre la nueva ley, el recién asumido ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que durante la tramitación de la normativa se escuchó “a expertos en materia de reinserción social, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil. Fue una de las principales urgencias legislativas una vez asumido el Presidente Gabriel Boric y tuvo un largo debate, abierto, democrático y participativo”. En esta dirección resaltó el aporte de los parlamentarios de todos los sectores que hicieron posible contar con el cuerpo legal.
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas, sanciones y mediaciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084) y sus modificaciones, mediante la implementación de políticas y el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la reinserción social de las y los jóvenes que han infringido la ley.
La nueva institucionalidad es encabezada por Rocío Faúndez, trabajadora social y licenciada en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica, posee un magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado y un máster en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Fue subsecretaria de la Niñez, consultora en el Área de Estudios del Consejo Nacional de la Niñez y en el Área de Equidad y Permanencia de la Universidad de Santiago de Chile. Fue académica de la Universidad Alberto Hurtado durante diez años.
Son objetivos estratégicos del nuevo servicio:
1. Mejorar continuamente la calidad de los programas de intervención en los distintos tipos de medidas, sanciones y mediaciones contempladas en la ley N°20.084 sobre responsabilidad penal juvenil, a través del Modelo de Intervención Especializada (MIE).
2. Especializar la oferta programática de la red intersectorial y de la red involucrada en la implementación del modelo de intervención.
3. Fortalecer y modernizar la capacidad organizacional del sistema de justicia juvenil a través de una estrategia integral.
